Silenciando la Conspiración: Asesinato de los Cómplices y la Búsqueda de los Autores Intelectuales

 

El 10 u 11 de noviembre de 2025, en la carretera Uruaparacho, a la altura de la comunidad de Capacuaro, Michoacán, fueron descubiertos los restos de dos individuos. La escena era un macabro testamento del modus operandi del crimen organizado: uno de los cuerpos estaba envuelto en bolsas de plástico negras y ambos presentaban evidentes signos de violencia extrema. Este hallazgo, aunque trágicamente común en la región, no fue un evento aislado.

Rápidamente, una de las víctimas fue identificada como Fernando Josué, un adolescente de solo 16 años. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán pronto confirmarían que Josué no era una víctima aleatoria, sino un presunto cómplice en el evento que había sumido a Uruapan en una crisis política y de seguridad apenas unos días antes: el asesinato del alcalde Carlos Manso.

El homicidio de Manso desató una cascada de silenciamiento sistemático y deliberado, ejecutado con precisión para borrar la cadena de mando de la conspiración. Esta narrativa investigativa se centra en el motivo detrás de la muerte de estos cómplices, un motivo que solo puede entenderse analizando la cronología completa de la "limpieza".

Cronología del silenciamiento:

• El asesinato. 1 de noviembre de 2025. El alcalde Carlos Manso es asesinado a tiros en un evento público.

• El silenciamiento 1. Minutos después. El autor material, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, es sometido y posteriormente abatido en la escena, presuntamente después de haber sido detenido.

• El silenciamiento 2. 10-11 de noviembre de 2025. Los cómplices de Vidales, Fernando Josué, 16 años, y otro hombre aún no identificado, son encontrados ejecutados y abandonados en Capacuaro.

Esta investigación sostiene que los asesinatos de Fernando Josué y su compañero no fueron actos de venganza, sino una operación de contrainteligencia de los autores intelectuales. El motivo central fue cortar los últimos cabos sueltos y silenciar a los eslabones más débiles de la cadena, garantizando que la investigación oficial muriera con ellos y que la identidad de los verdaderos arquitectos del crimen, ya fueran actores criminales o políticos, permaneciera en las sombras.

Cronología detallada:

• 13 de octubre. Carlos Manso pronuncia un discurso contra el reclutamiento de "hijos sicarios".

• 1 de noviembre. Asesinato del alcalde Carlos Manso en Uruapán. Autor material, Víctor M. Ubaldo Vidales (17), es abatido en la escena. FGE confirma siete disparos. Se reporta que Vidales fue abatido en el acto.

• 5 de noviembre. Grecia Quiroz, viuda de Manso, toma protesta como alcaldesa sustituta.

• 6 de noviembre. FGE identifica formalmente a Vidales (17). FGE anuncia que participaron más de dos personas.

• 10-11 de noviembre. Hallazgo de dos cuerpos en Capacuaro, Uruapán-Paracho. Protestas masivas en Uruapán. Disturbios en Palacio de Gobierno en Morelia.

• 11-12 de noviembre. Víctima de Capacuaro identificada como Fernando Josué (16). "Operativo Paricutín" es anunciado. Gabinete de seguridad federal llega a Michoacán.

• 13 de noviembre. FGE presume contacto previo entre Josué (16) y Vidales (17). Grecia Quiroz acusa públicamente a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos.

• 14 de noviembre. Gobernador Bedoya confirma que FGE investiga el abatimiento de Vidales después de su detención.

Para comprender por qué fue necesario silenciar a los cómplices, primero se debe entender por qué Carlos Manso fue un objetivo. Manso no era un político pasivo. Su administración, que comenzó en septiembre de 2024, se caracterizó por una confrontación directa y pública contra las estructuras del crimen organizado que asfixian a Uruapán.

El detonante de su asesinato puede rastrearse hasta un discurso pronunciado apenas 19 días antes de su muerte. En un acto público, Manso no se limitó a condenar la violencia; atacó directamente la base social y la infraestructura de reclutamiento de los cárteles. Sus palabras fueron una afrenta directa:

"¿Saben quién tiene responsabilidad la más importante? ¿Quién? Ustedes, sus familias, que dejen de ser de alcahuetas, de hijos sicarios, de hijos drogadictos, de hijos rateros y denúncienlos. Si saben que son homicidas, denúncienlos".

Esta declaración no fue retórica política; fue un intento explícito de romper el control social que los cárteles ejercen sobre las comunidades, instando a los padres a actuar como una fuerza de contrainteligencia contra sus propios hijos. Manso buscaba desmantelar el modelo de negocio más crucial de los cárteles en la región: el narcorreclutamiento de menores.

El discurso de Manso se produjo en un contexto crítico. Se estima que en México 250,000 niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados. En Uruapán, grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han perfeccionado este reclutamiento utilizando plataformas como TikTok para publicar falsas ofertas de trabajo como guardias de seguridad, atrayendo a jóvenes a campos de entrenamiento.

Aquí radica la trágica e intencional ironía del caso. Carlos Manso atacó públicamente el uso de "hijos sicarios". Los cárteles que operan en Uruapan, una zona en disputa por el CJNG, Los Viagras y otros, dependen de esta mano de obra desechable. 19 días después de ese discurso, Manso fue asesinado. Su asesino fue Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años. Uno de sus cómplices, encargado de la logística previa, fue Fernando Josué, de 16 años.

El asesinato no fue simplemente una eliminación; fue un acto de demostración cínico. Los autores intelectuales respondieron al desafío de Manso utilizando precisamente las armas que él condenó: los "hijos sicarios" de Uruapán. El mensaje a la población fue inequívoco: "Desafías nuestro control sobre tus hijos. Usaremos a esos mismos hijos para matarte".

Esta postura de confrontación dejó a Manso peligrosamente aislado. Su viuda y ahora sucesora, Grecia Quiroz, confirmó que el alcalde temía por su vida y la de su familia: "Él lo gritó porque él pidió auxilio una y otra vez y jamás le hicieron caso". Esta vulnerabilidad lo convirtió en un objetivo fácil, no solo para los cárteles, sino también, como se revelaría más tarde, para sus rivales políticos.

El 1 de noviembre de 2025, la célula de sicarios adolescentes entró en acción. La FGE reconstruyó los hechos utilizando videos de seguridad: "El agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, se subió a un jardín, se acercó a Manso y accionó el arma por lo menos en siete ocasiones. El sicario corrió, pero segundos después es sometido y también es abatido en el mismo lugar". La necropsia del alcalde confirmó siete heridas de bala.

Inicialmente, la narrativa oficial, incluida la del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, fue que el autor material fue "abatido en el acto". Sin embargo, esta versión se desmoronó rápidamente, revelando el primer acto de silenciamiento. Días después, el propio gobernador Bedoya se vio obligado a confirmar que la FGE mantenía una línea de investigación activa sobre las circunstancias de la muerte del sicario. La investigación se centraba en por qué el homicida fue abatido después de haber sido detenido. Los reportes de la fiscalía mencionan un "forcejeo" y, crucialmente, "un solo disparo" que lo abate. Esto no describe un fuego cruzado caótico, sino una ejecución.

La controversia se profundiza al analizar el formidable aparato de seguridad que falló en proteger a Manso, pero que actuó con una eficiencia letal para eliminar al único testigo en la escena. El alcalde contaba con ocho escoltas personales y 14 elementos de la Guardia Nacional (GN) asignados a su protección.

El análisis de estos hechos es escalofriante. Un joven de 17 años logró penetrar un círculo de seguridad de 22 personas armadas. Fue capturado y sometido, y después de estar bajo custodia, fue ejecutado con un solo disparo. La implicación es ineludible. Un funcionario de la Guardia Nacional admitió que "su protocolo falló. Falló. El protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional", y que la FGE determinaría la responsabilidad.

El primer acto de silenciamiento no fue realizado por un sicario externo; fue ejecutado por alguien dentro del propio círculo de seguridad del alcalde. Esto sugiere una de dos posibilidades: o el aparato de seguridad estatal y federal estaba infiltrado por el grupo criminal que ordenó el asesinato, o las fuerzas de seguridad tomaron la decisión extrajudicial de eliminar al sicario. Como señaló un analista, la muerte del joven convenía a quienes planearon el crimen. Los jóvenes reclutados son vistos como "carne de cañón", y su eliminación en la escena era la forma más limpia de cortar la línea de investigación desde su origen.

Los autores intelectuales y los ejecutores del primer silenciamiento (el círculo de seguridad) probablemente creyeron que Ubaldo Vidales era el único autor material. Pero la FGE actuó con rapidez. El fiscal Carlos Torres Piña anunció públicamente que, gracias a los avances en la investigación de inteligencia y el análisis de videos, se había determinado que "en estos hechos participaron más de dos personas" y que el homicidio estaba relacionado con grupos de la delincuencia organizada. La fiscalía informó que la prueba de rodisonato de sodio practicada a Vidales resultó positiva, confirmando su rol material, pero que la investigación para encontrar a los cómplices estaba activa.

Este anuncio público transformó la situación. Los autores intelectuales, que habían contenido exitosamente la amenaza en la escena del crimen, se enfrentaron a una nueva crisis. Había cabos sueltos. Los cómplices, Fernando Josué y el otro individuo, ahora eran buscados activamente por la FGE. Se desató una carrera contra el tiempo: los autores intelectuales debían encontrar y eliminar a sus propios operativos antes de que la FGE los capturara y los interrogara.

El 10 de noviembre, los autores intelectuales ganaron la carrera. Los cuerpos de Fernando Josué y el otro hombre no identificado fueron encontrados en Capacuaro. La FGE confirmó el vínculo que los autores intelectuales buscaban borrar: se presumía que Josué (16) mantuvo contacto previo con Vidales (17) horas antes del atentado, situándolo como parte de la célula logística del asesinato.

Con esto se responde directamente a la pregunta central de esta investigación: el motivo del asesinato de Fernando Josué y su cómplice fue el silenciamiento preventivo. Eran el último eslabón material de la conspiración. Su captura por la FGE era un riesgo inaceptable. Siendo adolescentes y considerados "carne de cañón", eran el eslabón más débil de la cadena, susceptibles a la presión de un interrogatorio. Su ejecución, realizada con el sello del crimen organizado (embolsados y arrojados a una carretera), fue la medida final de contención de daños. Los autores intelectuales se aseguraron de que la línea de investigación muriera con los adolescentes que utilizaron para cometer el crimen.

Perfil de la célula de sicarios y su destino:

• Víctor Manuel Ubaldo Vidales (17). Autor material (sicario). Abatido/ejecutado. Escena del crimen. Uruapan. 1 nov 2025.

• Fernando Josué (16). Cómplice (logística/contacto). Asesinado/ejecutado. Capacuaro, Mich. 10 nov 2025.

• Hombre no identificado. Cómplice (desconocida). Asesinado/ejecutado. Capacuaro, Mich. 10 nov 2025.

Con la célula material completamente eliminada, la investigación sobre los autores intelectuales se enfrenta a un callejón sin salida.

El vacío de poder en Uruapan fue ocupado por la viuda de Manso, Grecia Quiroz, quien, lejos de intimidarse, se reunió con el gabinete de seguridad federal exigiendo un "Plan Uruapan" y declarando que "no nos vamos a doblar". La investigación se fracturó en dos líneas principales que no son mutuamente excluyentes.

Línea de investigación uno: Los actores criminales (la tesis oficial).
La FGE y el gobernador Bedoya han sostenido que "hay grupo de la delincuencia organizada atrás de este homicidio". El mapa criminal de Uruapan respalda esta teoría. La región es un campo de batalla donde operan al menos seis, y según algunas fuentes hasta 12, grupos criminales, destacando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, La Familia Michoacana, Los Blancos de Troya y Cárteles Unidos. La cruzada de Manso contra el crimen organizado, que según el experto en seguridad David Saucedo incluyó la detención de líderes criminales, pone al CJNG como uno de los principales sospechosos. El ataque de Manso a sus redes de reclutamiento proporciona un motivo claro.

Línea de investigación dos: Los actores políticos.
La acusación de la viuda Grecia Quiroz desvió dramáticamente la narrativa. Insistió en que, si bien el crimen organizado estuvo involucrado, los autores intelectuales se encontraban en la alta política. Declaró que su esposo "le estorbaba a mucha gente", pero específicamente a "algunas personas". A pregunta expresa de la prensa, Quiroz nombró a tres figuras prominentes del partido gobernante, Morena: Leonel Godoy Rangel (diputado federal y exgobernador), Raúl Morón Orozco (senador) e Ignacio Campos Equihua (expresidente municipal de Uruapán).

Las respuestas a estas acusaciones directas han sido notables por su evasión. No hay registros de que Morón o Campos hayan respondido directamente a la imputación de Quiroz. La única respuesta documentada provino de Leonel Godoy, quien en lugar de negar la acusación de asesinato, desvió la conversación hacia una crítica de la seguridad municipal, afirmando que "el municipio también es responsable de la seguridad", una clásica táctica de evasión política.

La hipótesis narcopolítica.
En Michoacán, estas dos líneas de investigación –criminal y política– rara vez son independientes; a menudo son simbióticas. Manso se convirtió en un obstáculo en dos frentes: simultáneamente para los cárteles, al atacar su modelo de negocio de reclutamiento, y para una facción política a la que "le estorbaba". La hipótesis más plausible es una conspiración narcopolítica. Es factible que rivales políticos, como los acusados por Quiroz, dieran luz verde o facilitaran la operación para que un grupo criminal como el CJNG la ejecutara. Esta "doble autoría intelectual" haría que la limpieza –el asesinato de Vidales en la escena y la posterior ejecución de Josué– fuera una prioridad absoluta. Los sicarios adolescentes, de ser capturados, podrían haber implicado no solo a un jefe de plaza, sino también a un actor político de alto nivel, una amenaza que debía ser neutralizada a cualquier costo.

La intervención federal: El "Operativo Paricutín" como contención de crisis.
El asesinato de Manso, las protestas masivas que llevaron a la irrupción en el Palacio de Gobierno en Morelia y las explosivas acusaciones de Grecia Quiroz contra miembros de Morena crearon una crisis de gobernabilidad que exigió una respuesta federal. El gabinete de seguridad en pleno, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descendió sobre Michoacán. Se reunieron en la Primera Zona Militar y posteriormente en el cuartel de la Guardia Nacional en Uruapan. De estas reuniones surgió el anuncio del "Operativo Paricutín", una nueva fase del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia". El objetivo declarado: un combate frontal contra los seis a 12 cárteles que se disputan la entidad, con un enfoque en la extorsión a los productores de aguacate y empresarios.

Actores y posturas:

• Gobierno local (víctima): Alcaldesa Grecia Quiroz. Exigencia de justicia. Acusa a rivales políticos de Morena como autores intelectuales.

• Gobierno estatal: Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. FGE Carlos Torres Piña. Contención de crisis. Línea oficial: crimen organizado. Investiga a escoltas por la muerte de Vidales.

• Poder político: Acusados (L. Godoy, R. Morón y Campos - Morena). Distanciamiento del caso. Acusados públicamente por Quiroz. Godoy evade la acusación.

• Gobierno Federal (Morena): SSPC Omar García Harfuch, Ejército, Guardia Nacional. Estabilidad Territorial. Lanza el "Operativo Paricutín".

• Poder Criminal: CJNG, Los Viagras, Cárteles Unidos, Familia Michoacana, etc. Control de la plaza, extorsión y reclutamiento. Presuntos autores materiales/intelectuales.

Las acciones del gobierno federal, aunque presentadas como una solución, funcionan en la práctica como una desviación de la narrativa. Grecia Quiroz lanzó una acusación de asesinato contra miembros de alto perfil del partido gobernante Morena. El gobierno federal, también de Morena, respondió con un despliegue masivo ("Operativo Paricutín") dirigido exclusivamente contra los cárteles. Esta respuesta fuerte y visible es políticamente astuta. Permite al gobierno federal mostrar acción y control, pero desvía eficazmente el enfoque. La narrativa cambia de una investigación de asesinato político ("¿quién en Morena ordenó la muerte de Manso?") a una operación militar de control territorial ("¿cómo pacificamos Uruapán?"). Intencionalmente o no, la intervención federal protege a los actores políticos acusados al enterrar la investigación local del asesinato bajo el peso de una operación federal masiva contra el narcotráfico.

Conclusión: La narrativa completa de una limpieza exitosa.

El asesinato de los cómplices de Carlos Manso, Fernando Josué (16) y un hombre no identificado, fue el acto final y exitoso de una operación de limpieza de tres etapas diseñada para asegurar la impunidad de los autores intelectuales. El motivo de estos asesinatos fue el silenciamiento.

Tras la ejecución del primer sicario, Ubaldo Vidales (17), en la misma escena del crimen (probablemente a manos de las propias fuerzas de seguridad), los cómplices se convirtieron en el último eslabón viviente de la conspiración. Cuando la FGE anunció que buscaba a "más de dos personas", los autores intelectuales se vieron obligados a ejecutar una segunda limpieza, asesinando a Josué y al otro cómplice antes de que pudieran ser capturados e interrogados.

La narrativa completa de la conspiración es la siguiente:

• El móvil. El alcalde Carlos Manso se convirtió en un doble objetivo: desafió el modelo de negocio de los cárteles al atacar su reclutamiento de menores y amenazó el control político de sus rivales.

• La ejecución. Una probable alianza narcopolítica autorizó el asesinato y contrató a una célula de sicarios adolescentes, vistos como "carne de cañón" desechable.

• La limpieza 1. El sicario principal, Ubaldo Vidales, fue ejecutado en la escena después de ser detenido, eliminando al testigo principal con la aparente complicidad del círculo de seguridad.

• La limpieza 2. Cuando la FGE descubrió la existencia de cómplices, los autores intelectuales los casaron y ejecutaron para borrar la conexión final.

Estado actual del caso: Con la célula material completamente eliminada (Vidales, Josué y el cómplice no identificado), la investigación oficial se enfrenta a un callejón sin salida. La evidencia física que conectaba a los sicarios con los autores intelectuales ha sido destruida.

El caso Manso es un microcosmos de la impunidad en México. No se trata de un simple homicidio, sino de una operación de poder exitosa. Los autores intelectuales, ya sean capos criminales o actores políticos de alto nivel, lograron su objetivo principal (eliminar a Manso) y ejecutaron con éxito un plan de silenciamiento para garantizar que el crimen quedara impune. La respuesta del Estado, el "Operativo Paricutín", se enfoca en los síntomas (la violencia de los cárteles), mientras ignora la enfermedad que la viuda del alcalde denunció: la podredumbre narcopolítica que opera desde dentro del poder.